Ecuador

Consulta Previa: derecho y ejercicio de los Pueblos Indígenas

Desde otros países de América Latina, la constitución de Ecuador ha sido vista como una de las más avanzadas en el reconocimiento de los derechos colectivos y de la naturaleza.  Ecuador no sólo ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sino que considera, en su marco legal, tres tipos de consulta para los pueblos:  la Pre Legislativa, la Consulta Previa y la Consulta Ambiental.

 

Sin embargo, las nacionalidades indígenas del Ecuador consideran que este marco legal no se ha visto reflejado en la práctica. Recientemente, en noviembre de 2020, fueron presentadas tres iniciativas de proyectos para modificar la ley de Consulta Previa Libre e Informada. La primera por un asambleísta

 

Las organizaciones indígenas de la Amazonía, agrupadas en la CONFENAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana), señalan que sus pueblos no han sido considerados para participar en la discusión legislativa en la Asamblea Nacional, por lo que han rechazado dichas iniciativas.

 

Al mismo tiempo, han comenzado con un proceso de análisis colectivo de cada una de las iniciativas desde sus bases, en todos los puntos cardinales de la selva ecuatoriana. Se reunieron en Orellana, Pastaza y Zamora Chinchipe, deliberaron y llegaron conclusiones relacionadas al ejercicio de su autonomía territorial y cultural.

 

De acuerdo con Nanki Wampantik, dirigente de territorios de la CONFENAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana), la estrategia de los pueblos será “mediante documentos jurídicos, abogados y testimonios reales, esa es nuestra lucha que vamos a hacer, y estamos en un proceso”, que no se detendrá con el fin de año “porque las extracciones de las empresas siguen trabajando”, afirma.

 

Desde Radio Encuentros, les invitamos a visitar las redes de la CONFENAIE, y en especial la página de Lanceros Digitales, su equipo de comunicación comunitaria, para conocer más detalles de la lucha de las nacionalidades amazónicas del Ecuador, desde sus propias voces y miradas.

 

Así mismo, recomendamos el documental “Pueblo Shuar ya decidió: no a la minería”, disponible en: https://puebloshuar.bombozila.com/ sobre la lucha de esta nación amazónica.

 

Puede escuchar el podcast a continuación o descargarlo haciendo CLICK AQUÍ.

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Un llamado desde el Napo

El río Napo está ubicado en los territorios amazónicos de Ecuador y Perú, uno de los principales afluentes del río Amazonas. El 7 de abril de este año (2020), se dio un derrame de petróleo, el cual ha afectado aproximadamente a 90 comunidades indígenas que viven cercanas esta cuenta, siendo uno de los peores derrames de crudo en la historia del Ecuador.

El derrame fue consecuencia de las terribles negligencias del gobierno y petroleras, que a pesar de alertas sobre la erosión regresiva, no hicieron nada para evitar la rotura de los oleoductos. ¿Cómo sucedió?

La regresión erosiva es un fenómeno natural que se manifestó en el mes de febrero con el socavón producido en la cascada de San Rafael, pero que corresponde a un fenómeno geológico que tiene relación con el proceso eruptivo del volcán Reventador, en la zona fronteriza entre la provincia de Napo y Sucumbíos. Esto es algo que se había advertido desde hace mucho tiempo atrás en artículos científicos, desde los años 2010 o 2012, sin que las autoridades hayan tomado en cuenta estas advertencias.

En febrero de este año se produjo un socavón, que consistió en el derrumbamiento de la cascada de San Rafael. A raíz de ese fenómeno, los geólogos, los científicos y las organizaciones nuevamente advirtieron al Estado que se estaba generando ese proceso de regresión. Así, la erosión continuó río arriba, afectando a los oleoductos de OCE Y OCP. Lo preocupante es que no se detiene, lo cual representa un peligro inminente para todos los habitantes de la zona.

Ante la falta de respuesta por parte de las autoridades, las naciones indígenas afectadas,  que habitan en las riberas de los ríos Coca y Napo, han presentado decenas de pedidos de medidas cautelares ante el Consejo de la Judicatura de Francisco de Orellana, y continúan exigiendo, con la movilización, sus derecho a vivir en un ambiente sano, a la salud, la  alimentación, el acceso a la información y la justicia.

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