Noticias y política

Argentina: Situación del pueblo Mapuche frente al Covid-19

Radio Encuentros entrevistó a Relmu Ñamku, quien nos informó sobre la situación del pueblo Mapuche en Argentina frente a la pandemia por Covid-19.

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Pueblo Mapuche frente a la Covid-19: Entrevista a Rubén Sánchez

Radio Encuentros entrevistó a Ruben Sánchez, Lonco de la comunidad Carimán Sánchez, en territorio mapuche del sector de Llancalil en Chile. Rubén informó sobre la situación del pueblo mapuche y las estrategias con las que cuentan para hacer frente al virus.

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El pueblo Guaraní Kaiowa y la Nación Indígena de la Chiquitanía frente al Covid-19

Radio Encuentros conversó con Indianara Ramires, enfermera del pueblo Guaraní Kaiowa de la Reserva del Dorado, en Mato Grosso do Sul en Brasil, sobre los riesgos para la población indígena de dicho pais ante la pandemia por el coronavirus. También obtuvimos el testimonio de Germinda Casupá, actual Vicepresidenta de la Organización de Mujeres Indígenas de la Chiquitanía, en Bolivia, quien informó sobre las medidas que desde ahí han tomado las comunidades frente al Covid-19.

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Covid 19 en el Chaco argentino y en la Amazonía peruana

Radio Encuentros conversó con Logoixé, lideresa del pueblo Qom en la provincia del Chaco en Argentina, y con Gerónimo Petsain, representante del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís en Perú, sobre la situación de sus comunidades en el marco de la pandemia por el coronavirus.

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Prevenir COVID 19 en comunidades amazónicas

Ante la desinformación y la falta de pertinencia cultural de las comunicaciones sobre medidas de prevención de la COVID-19, desde Radio Encuentros y con la colaboración del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís y el Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático, hemos preparado un podcast informativo sobre la enfermedad y su prevención para comunidades amazónicas.

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Estado de Emergencia y Estado Colonial

La necesidad de aplicar el enfoque intercultural ante el Coronavirus

 

Escriben: Kathia Carrillo y Guillermo Valdizán

 

El 15 de marzo de 2020 en el Estado peruano declaró el “Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del Covid-19”, tal como lo indica el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, el cual fue acompañado del Decreto de Urgencia N° 026-2020 “que establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional”. Al respecto, en este artículo señalamos la debilidad de ambos decretos debido a no contar con un enfoque intercultural y compartimos observaciones que esperamos puedan ser considerados en su aplicación concreta.

 

NO HAY PAÍS MÁS DIVERSO

Acertaba José María Arguedas sobre el Perú, considerado uno de los países con mayor diversidad cultural, geográfica, biológica y climática del mundo; fuente a su vez de nuestras culturas, lenguas, patrimonio y expresiones a lo largo de todo el territorio nacional. El reconocimiento de esta diversidad nos obliga a asegurar el rol fundamental del derecho a la identidad cultural en el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos en igualdad de condiciones, la reducción de brechas de desigualdad, eliminación de todas las formas de discriminación y la libre autodeterminación de los pueblos indígenas.

Respondiendo a ello el Estado peruano aprobó la Política Nacional de Transversalización del Enfoque Intercultural, cuyo objetivo es “orientar y articular la acción del Estado para garantizar el ejercicio de los derechos de la población culturalmente diversa del país, prioritariamente de los pueblos indígenas y la población afroperuana, promoviendo un Estado que opera con pertinencia cultural y contribuye así a la eliminación de la discriminación, el respeto por las diferencias culturales, la inclusión social y la integración nacional”.  De esta manera, se asumen no solo los principios constitucionales del Estado respecto al reconocimiento y protección de la pluralidad étnica y cultural de la nación, sino que se enfatiza en la atención a pueblos indígenas y población afroperuana por considerarlos grupos étnicos en especial situación de vulnerabilidad.

Dicha Política Nacional señala que el enfoque intercultural “implica que el Estado valorice e incorpore las diferentes visiones culturales, concepciones de bienestar y desarrollo de los diversos grupos étnico-culturales para la generación de servicios con pertinencia cultural, la promoción de una ciudadanía intercultural basada en el diálogo y la atención diferenciada a los pueblos indígenas y la población afroperuana”. Concluiríamos en que el Estado peruano, en atención a nuestra potente diversidad cultural y, al mismo tiempo, a su alta vulnerabilidad, estableció esta Política Nacional para garantizar, desde todos sus poderes y niveles, el ejercicio pleno de los derechos de grupos étnicos históricamente vulnerados. El problema concreto es que su implementación está demostrando ser insuficiente ante situaciones tan delicadas como la emergencia nacional que actualmente atravesamos.

 

LOS DECRETOS Y LA AUSENCIA DEL ENFOQUE INTERCULTURAL

La preocupación sobre los mencionados  decretos reside la ausencia del enfoque intercultural, pensando en su aplicación a realidades no urbanas. A continuación, presentamos (solo algunas) observaciones específicas que permitan identificar problemas y soluciones en su aplicación en zonas de la Amazonía peruana.

Sobre el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM

Artículo 2.1 – Sobre la garantía de abastecimiento de medicinas: En el caso de las comunidades indígenas amazónicas, las postas de salud son limitadas y no atienden casos de urgencia que requieran, por ejemplo, intervenciones quirúrgicas. Las personas que viven en las comunidades, por ende, han de desplazarse hasta los centros de salud que se encuentran en centros poblados o ciudades, que normalmente se encuentran distantes de las comunidades. En dichos centros poblados o ciudades, el tránsito de personas es mayor (lo cual aumenta la posibilidad de exposición al COVID19). Por ello se debe diseñar e implementar un protocolo de atención especial para las personas que lleguen desde las comunidades por cualquier urgencia a fin de evitar su exposición.

La preocupación parte porque el índice de desnutrición infantil es mayor en la Amazonía, por lo que los sistemas inmunes de las personas no están lo suficientemente fortalecidos para afrontar un virus de tal magnitud. A su vez, los índices de diabetes entre la población indígena son altos, según informa la ONU, con lo que la población adulta también está en riesgo. En el caso de la Amazonía peruana, también es alto el índice de personas con VIH, y son pocas las que acceden a tratamientos con retrovirales ya que, además del difícil acceso para la atención en salud de las comunidades, lamentablemente, dicha condición carga con un estigma fuerte dentro de sus diversas prácticas culturales.

 

Campaña de salud en comunidad amazómnica. Fuente: Andina

Articulo 3 y 4 – Sobre la Emergencia y la suspensión de derechos institucionales (inviolabilidad de domicilio) y el derecho al tránsito: Para las comunidades indígenas amazónicas, encerrarse en los domicilios no es una posibilidad. La obtención de comida se da por la cosecha en las chacras (cuyos terrenos se encuentran dentro del territorio de la comunidad, pero usualmente lejos del domicilio o comunidad habitada), así como por la pesca en cochas. En el Estado de Emergencia este traslado debe ser permitido. Las Fuerzas Armadas, sobre todo en las zonas fronterizas de Ecuador, Colombia y Brasil, no deben impedir este tránsito por ríos ni la actividad de sustento de las personas.

Muchas comunidades ejercen labores de vigilancia de sus territorios frente a actividades ilícitas como la minería ilegal, tala ilegal, plantaciones ilícitas, narcotráfico. La restricción de movilidad puede traer consecuencias nefastas para los territorios de las comunidades. Si el Ejército no va a garantizar la protección de los territorios (como no lo ha hecho antes), entonces tampoco debería impedir estas labores de monitoreo y guardianías ambientales.

Sobre el Decreto de Urgencia N° 026-2020

En el documento no existe ninguna especificación sobre un protocolo para evitar la propagación del Covid-19 en territorios indígenas. Tampoco una atención o abordaje especial para un(a) posible indígena contagiado(a), tal y como se ha especificado para el adulto mayor. La población indígena también debe ser considerada de alto riesgo al mencionado virus.

Sobre la calidad de información necesaria en las comunidades

Finalmente, cabe resaltar lo vergonzoso del tratamiento periodístico de esta coyuntura. Los medios deben contribuir a comunicar sobre las medidas que adoptarán las diversas autoridades e instituciones en los distintos casos según las distintas realidades territoriales y culturales del país, brindar información clara sobre las medidas preventivas y el propósito e importancia de los decretos. Cuando hay demasiada información irrelevante y sensacionalista durante una crisis, la desinformación incrementa y se genera caos, lo que a la larga pone en riesgo a las poblaciones más vulnerables y contribuye a que las acciones desarrolladas sean contraproducentes.

Urge elaborar material comunicacional con pertinencia cultural sobre la COVID 19 para todos los pueblos en los más de 40 idiomas existentes en el pais; y no sólo los medios del Estado, sino también los medios corporativos deben tener la responsabilidad social de difundir dichos mensajes a nivel nacional.

En una época de crisis como la que se está viviendo a nivel global, los decretos de urgencia deberían contemplar establecer parámetros para el tratamiento y abordaje de las noticias referentes a dicha crisis, con el objetivo de que la población obtenga sobre todo información relevante y de acuerdo a sus necesidades y prácticas culturales.

 

Salud con todos: El brindis del Estado Peruano con las petroleras y el despojo de derechos básicos a los pueblos indígenas de la Amazonía

Por Kathia Carrillo / PUINAMUDT

 

Las poblaciones kichwa, quechua, achuar y kukama, así como de otras nacionalidades indígenas cuyos territorios se encuentran en las cuencas loretanas del Tigre, Pastaza, Corrientes y Marañón, llevan casi medio siglo siendo afectadas por la actividad petrolera de los lotes 1AB (hoy lote 192) y 8. Además de los daños ambientales y afectaciones a los sistemas sociales y económicos de las poblaciones, las poblaciones también sufren de afectaciones a la salud producto de la exposición y contacto con hidrocarburos, metales pesados y otras sustancias tóxicas.

“Antes nosotros bañábamos en quebrada. No teníamos nada, ni caracha, solo cuando nos cuando cortábamos teníamos herida. Pero ahora, en quebrada me ido bañar, todito mi cuerpo me está comezón”, cuenta Ermilda Tapuy, Madre Indígena (lideresa) del pueblo Kichwa del río Tigre organizado en la federación OPIKAFPE. “Desde más niña, desde ahí era contaminación; petróleo era así doble”, cuenta la Madre, expandiendo sus brazos como quien hace énfasis del gran tamaño de lo que está hablando. “Tenía que agarrar un palo [hace un gesto removiendo] para sacar nuestro agua. Sin saber nosotros tomábamos esa agua”, culmina.

Entre los años 1974 y 2009, las empresas petroleras Occidental Petroleum y Pluspetrol vertieron alrededor de 7 mil 94 millones de barriles de agua de producción directamente a los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón[1], generando la alteración de los ecosistemas tanto fluviales como terrenos ya que esta agua es casi tres veces más salada que la marina, y contiene altas concentraciones de metales pesados como plomo, cadmio, cromo y bario, así como hidrocarburos.

“Los animales que consumimos son contaminados”, cuenta la Madre Indígena Achuar Juanita Huamán, secretaria de FECONACOR. “Eso nos afecta a nuestra salud, paramos enfermos. Antes no vivamos así, había vida sana y que ahora es otra realidad; por eso pedimos que nos atienda en temas de salud, pero no nos atienden con remedios ni pastillas, no hay nada”, señala.

A raíz de la lucha en conjunto emprendida por las federaciones FEDIQUEP (pueblo quechua del Pastaza), FECONACOR (pueblo Achuar del Corrientes), ACODECOSPAT (pueblo kukama del Marañón) y OPIKAFPE (pueblo kichwa del Tigre), el Estado Peruano se comprometió a atender de manera coordinada con los pueblos las demandas sobre sus derechos básicos.

“Nosotros planteamos la problemática al GORE Loreto cuando Iván Vásquez era gobernador [2006-2014], no le interesó. Entonces llevamos el caso al Congreso de la República, pero tampoco les interesó. Decidimos movilizarnos constantemente, y fue entonces que el Estado se sienta con nosotros a abordar nuestros problemas”, cuenta el Apu Aurelio Chino, presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP). “Siempre informamos a OSINERGMIN que nuestras aguas estaban contaminabas y ellos cuestionaban, nos decían ¿Cómo saben que están contaminadas? Por eso nosotros formamos nuestros monitores ambientales. Desde que los monitores comenzaron a sacar con cámara y GPS cuántos derrames, cuántos puntos; con esas pruebas el Estado nos escuchó”, señala el apu.

 

 

Luego de reiteradas emergencias ambientales[2], declaradas para los territorios indígenas afectados por la actividad petrolera en los lotes 8 y 1AB (hoy lote 192) entre 2013 y 2014, la lucha de las federaciones indígenas logró, en 2015, entre otras cosas, que el Estado se comprometa a realizar un Estudio Toxicológico y Epidemiológico que permitiera determinar los niveles de metales pesados en la población, así como identificar los factores de riesgo de dicha exposición[3]. Este compromiso fue firmado en el acta de Lima del 10 de Marzo.

El estudio fue realizado por el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS) del Instituto Nacional de Salud (INS), perteneciente al Ministerio de Salud, con la participación de las federaciones indígenas, quienes incorporaron a la Doctora en Epidemiología Cristina O’Callaghan, investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona, como co-investigadora del Estudio. El Estudio consistió en un análisis muestral en el que, a partir de una estratificación[4] y selección aleatoria, participaron 1168 personas de 39 comunidades, y su objetivo fue establecer la presencia de hidrocarburos y concentraciones de metales pesados como plomo, bario, arsénico cadmio y mercurio en la sangre y orina de las personas. También se tomaron muestras ambientales de aire, suelos domésticos y chacras (tierra agrícola), agua de consumo; así como peces y alimentos en los hogares. Ello, para identificar los riesgos de exposición a los contaminantes y las principales vías de acceso involucradas en el ingreso de los éstos al organismo.

“Sabemos que hay afectaciones a la salud. El objetivo no es sólo saber la gravedad de la situación, sino si es producto del agua que tomamos o si es del pescado que comemos; y de ser así cuál es la alternativa”, declara el Apu Alfonso López, presidente de la federación kukama ACODECOSPAT que reúne a comunidades del Marañón y Chambira. “Queremos saber las fuentes de contaminación para luego que el Estado determine cuál va a ser su rol para resarcir la salud de nuestros hermanos, qué hacemos juntos el Estado y nosotros para que nuestros hermanos puedan recuperar su salud o, si la situación es irreversible, que nos digan qué va a pasar con ellos, si recibirán atención especial”, acotó.

Los resultados de este estudio fueron presentados en las comunidades y a los representantes de las federaciones a lo largo del 2018, y dieron cuenta de que, en efecto, porcentajes elevados de la población tienen niveles de metales pesados por encima de los valores de referencia, es decir, superaron los niveles recomendados para la salud.

 

 

Uno de los resultados más graves es el que da cuenta de los niveles de Plomo en niños y adultos. Según los resultados del CENSOPAS, el 22% de niños menores de 12 años tiene niveles de plomo por encima de los valores referenciales, y por lo menos el 10% de toda la población (adultos, niños y ancianos) tiene el mismo resultado. Lo más alarmante es que, al utilizar como referencia estándares internacionales para la salud, encontramos que NO es el 10%, sino que por lo menos el 57% está afectado con niveles superiores de plomo en la sangre.

Para la comunidad internacional, los niveles de plomo en la sangre recomendados para la salud deben estar por debajo de 5 microgramos decilitro (µg/dl) de sangre; mientras que para el Perú, el MINSA determina que el nivel recomendado debe ser inferior a 10µg/dl; es decir, fija un estándar el doble de alto. ¿Somos los peruanos y peruanas entonces el ‘doble de resistentes’ al plomo que el resto del mundo?

Otros porcentajes preocupantes son los de los niños afectados por mercurio y arsénico. Casi el 46% de niños menores de 12 años tiene niveles de arsénico por encima de los valores referenciales, y el 25%, de mercurio. Las cifras son considerables para personas adultas también, ya que el 22% presenta niveles de arsénico por encima de lo recomendado, y el 27,5% de mercurio.

 

Comunera de Nueva Esperanza durante asamblea del pueblo Quechua (FEDIQUEP)

 

Asimismo, se evidencian casos de personas cuyos resultados exceden en 12 veces el valor referencial de arsénico, casi en 7 veces el valor referencial de mercurio y bario, en 5 veces el valor referencial de cadmio, y el doble del valor referencial de plomo en sangre.

“Tantas niñas con un futuro por delante, pero las están matando. ¿Qué aguas están tomando, de qué se están alimentando si todo está envenenado?”, declara Norma Villacorta Torres, comunera de Lisboa y lideresa kukama de ACODECOSPAT. “No es justo que el país haga tantas cosas, tantos negocios con empresas extranjeras de fuera, y prácticamente están vendiendo nuestras vidas”, señala.

En efecto, la importancia de este estudio radica en las soluciones que se pueden plantear de cara al futuro para garantizar la vida digna de las poblaciones indígenas. Según el protocolo aprobado por el Instituto Nacional de Salud (p. 8-9), “la trascendencia de este estudio es contribuir a la creación de políticas de salud para poblaciones aledañas a posibles fuentes de exposición a contaminantes ambientales, asimismo será de interés para los profesionales de la salud, sectores del Estado así como a las empresas que realizan actividades extractivas en relación a las consideraciones que se deben aplicar en sus procesos productivos.” La pregunta es, ¿es el Estado capaz de cumplir su propio protocolo?

En un reciente informe de la Defensoría del Pueblo titulado “Salud de los Pueblos Indígenas Amazónicos y Explotación Petrolera en los lotes 192 y 8: ¿Se cumplen los acuerdos en el Perú?”, este organismo denuncia que hasta ahora “no se ha elaborado un plan de atención de salud específico para el diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por contaminación con metales pesados y otras sustancias químicas” en los territorios que son afectados por los mencionados lotes petroleros.

Reunión entre representantes de las federaciones indígenas de las cuatro cuencas y la Ministra de Salud de Perú

Ante esta realidad alarmante, las federaciones indígenas continúan exigiendo que se desarrolle un plan de atención integral a la población expuesta a metales pesados en la Amazonía norte,  que este cuente no sólo con la participación de la población (incluyendo a sus representantes y asesores técnicos), sino que también sea realizado junto con un comité de expertos con experiencia nacional e internacional en toxicología, para que así se garantice que el diseño, evaluación y ejecución de dicho plan responda seriamente a la realidad y gravedad de la situación de salud de los pueblos indígenas, más aún en un contexto particular (en términos sociales e histórico-geográficos) como el de la Amazonía.

“Yo le digo a los Ministros, al momento en que ellos hacen una promesa, levantan la mano y juran por Dios servir al pueblo, ¿por qué cuando se sientan en su sillón en su oficina se olvidan de nosotros? De nosotros son esas cosas que ellos se hacen riqueza, mientras nosotros morimos. Ellos están para servirnos, y no al revés”, reclama Norma Villacorta.

Hasta el momento, las federaciones han logrado que el Ministerio de Salud incluya a la población de las cuatro cuencas de Loreto dentro del documento técnico “Lineamientos para la Política Sectorial para la Atención Integral para las Personas Expuestas a Metales Pesados, Metaloides y otras Sustancias Químicas”; sin embargo, no se encuentra dentro del cuadro prioritario de atención a nivel nacional, donde se han priorizado a las poblaciones afectadas por la actividad minera. Las federaciones también exigen que el CENSOPAS presente el informe final del Estudio Toxicológico, que prometió tener listo para marzo y luego para agosto de 2018, pero que hasta ahora, a puertas de finalizar el año, no ha cumplido.

 

 

 

Niño achuar del Corrientes en comunidad José Olaya

La importancia del Estudio en las Cuatro Cuencas también reside, como señala su protocolo (p.9), en que “Los resultados obtenidos permitirán al Ministerio de Salud y al Gobierno Regional de Loreto intervenir, en el marco de sus competencias y de la normativa de salud vigente, desarrollar acciones de atención a las personas expuestas a metales pesados e hidrocarburos, que el Instituto Nacional de Salud deberá hacer seguimiento de cumplimiento de estas acciones.”

En ese sentido, el apu Carlos Sandi, presidente de FECONACOR, señala que “La falta de compromiso no sólo del Estado [central], sino del Gobierno Regional de Loreto con el derecho a la salud de los pueblos indígenas es preocupante. Estamos hablando de zonas endémicas donde proliferan la malaria, falsíparo, entre otras, y su abandono constituye una falta grave que no podemos tolerar en estos tiempos”.

El derecho a la salud de la población indígena amazónica ha sido largamente postergado por el Estado Peruano, que está próximo a cumplir 200 años de independencia de la colonia. Los pueblos indígenas esperan que, con motivo de este bicentenario, el Estado pueda reflexionar sobre sus falencias, replantear sus prioridades respecto a las necesidades de los pueblos indígenas, y no solamente asignar millonarios recursos a campañas para festejar la idea ficticia de un Estado Nación diverso e inclusivo.

 

[1] Historical record of Produced Water fluxes from petroleum extraction activities in the Northern Peruvian Amazon. Yusta-García, R, Rosell-Melé, A, Mayor, P and Orta-Martínez, M. (unpublished).

[2] Los estudios ambientales realizados hasta el 2012 identificaron el riesgo al que están expuestas las poblaciones de la zona y condujo a la Declaratoria de Emergencia Ambiental en las Cuencas de los ríos Pastaza (22 de marzo del 2013), Corrientes (7 de setiembre del 2013) y Tigre (29 de noviembre del 2013), así como la Declaratoria de Emergencia Sanitaria en localidades de esas tres cuencas y también de la cuenca del río Marañón (6 de mayo del 2014).

[3] Considerando variables ambientales y epidemiológicas (factores demográficos, personales, ocupacionales y antecedentes).

[4] Se establecieron estratos en cada una de las cuencas para determinar unidades de muestreo. La muestra es probabilística en tanto cada unidad de muestreo posee la misma probabilidad de ser elegida para formar parte de la muestra.